El Parlamento Europeo ha reconocido que las entidades bancarias
no informaron debidamente a los consumidores sobre el alcance de los riesgos
inherentes a las inversiones que se les proponían, y dichas entidades tampoco
realizaron pruebas de idoneidad para determinar si los clientes disponían de
conocimientos suficientes para entender los riesgos financieros a que se
exponían, por lo que muchos de los ciudadanos afectados son personas de edad
que invirtieron los ahorros de toda su vida en fondos que, según las
informaciones que recibieron, creían sin riesgo. Así aparece en la Resolución del Parlamento Europeo sobre la legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en España que venimos analizando en los últimos artículos.
Se calcula que, en los últimos años, 700.000 ciudadanos
españoles han sido víctimas de fraude financiero, dado que sus entidades
bancarias les vendieron de forma desleal instrumentos financieros de riesgo sin
informarles debidamente del alcance de los riesgos ni de las implicaciones
reales de la imposibilidad de acceder a sus ahorros. Aun existiendo un
mecanismo de arbitraje establecido por las autoridades españolas ha sido
rechazado por muchas de las víctimas de fraude financiero.
El Abogado General de la UE ha señalado a la Comisión sus
dudas acerca de la legalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno español
con el fin de dar solución a los incumplimientos denunciados por el Tribunal de
Justicia el 14 de marzo de 2013 y evitar las prácticas abusivas en el sector
hipotecario.
La Comisión se propone emprender campañas de información
sobre los productos financieros y reforzará los conocimientos en materia
financiera con medidas de formación, con miras a garantizar que los ciudadanos
europeos estén mejor informados de los riesgos inherentes a la adquisición de
productos financieros. Toda vez que deberá compartir las mejores prácticas que
refuercen la protección de los ciudadanos en situaciones de dificultad
económica, porque considera que una formación financiera básica debería
considerarse un valor complementario para evitar las consecuencias de un
endeudamiento excesivo.
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) y al Banco Central
Europeo (BCE) deberán emprender una campaña de mejores prácticas dirigida a
alentar a las entidades bancarias y a su personal a que ofrezcan una
información clara, comprensible y correcta; de forma que los consumidores
puedan tomar decisiones informadas partiendo de un conocimiento exhaustivo de
los riesgos en que pueden incurrir, y que los operadores y las entidades
bancarias no puedan inducir a error a los consumidores.
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